La Asociación de Agricultores Ecológicos del Sur de León (AESURLE) y Ecologistas en Acción, han presentado alegaciones a la liberación de organismos modificados genéticamente que promueve la transnacional agroquímica SYNGENTA SEEDS con el fin de desarrollar remolacha azucarera modificada genéticamente en la pedanía de Villamorico, perteneciente al Ayuntamiento de Laguna de Negrillos, municipio que por segunda vez (la primera fue en 2010) acoge este tipo de cultivos. En la provincia de León, y en temporadas pasadas, MONSANTO también ha promovido ensayos con remolacha transgénica en Valdefuentes del Páramo, Laguna Dalga, Urdiales del Páramo y San Cristobal de la Polantera. La aparición de problemas agronómicos relacionados con los cultivos manipulados genéticamente es un hecho probado: numerosos informes ponen de manifiesto sus riesgos económicos, ecológicos y sanitarios (toxicidad, alergias, resistencia a los antibióticos,...). Estos riesgos pueden alcanzar dimensiones desconocidas, puesto que las plantas transgénicas son muy inestables, siendo imposible contralar su diseminación una vez introducidos en el medio. Las variedades de remolacha que se van a utilizar tienen información genética para producir proteínas que hacen a la planta tolerante al herbicida “glifosato” y resistente a la rizomanía. El glifosato es intrínsecamente peligroso, letal para las plantas y algunos animales (anfibios) y se le asocia con el desarrollo de cánceres en humanos. En la producción de remolacha la aparición de plantas adventicias, que se comportan como malas hierbas, es un problema habitual, que se verá agravado con el rebrote de malas hierbas resistentes al glifosato. Esto obligará a los agricultores a aplicaciones adicionales de herbicida con la consiguiente perdida de biodiversidad y aumento de la contaminación del suelo y el agua. Debido a sus riesgos, la introducción de OMG puede generar numerosos costes económicos [1] -empezando por los daños potenciales a los agricultores colindantes-, sin que exista normativa que reconozca responsabilidades por la contaminación genética. Existen pruebas de que la introducción de transgénicos conduce inevitablemente a la contaminación de la agricultura convencional y ecológica y de toda la cadena alimentaria, truncando el derecho de libre elección de agricultores y consumidores, y atentando contra la soberanía alimentaria de los pueblos del Estado Español. Es por todo ello que, un año mas, volvemos a pedir que se aplique el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, de manera que prevalezca la defensa de la Salud y el Medio Ambiente, sobre los intereses económicos de las multinacionales agroquímicas, y en consecuencia solicitamos a la Junta que no autorice la liberación de remolacha transgénica ni en Villamorico ni en ningún otro pueblo de Castilla y León. Mientras que en el resto de Europa hay una apuesta clara por una agricultura libre de transgénicos, estando las multinacionales en retirada -sirva de ejemplo la renuncia de BASF a comercializar su patata transgénica Amflora, o el reciente anuncio de MONSANTO de que no venderá semillas transgénicas en Francia-, resulta lamentable que la Junta de Castilla y León, concediendo autorizaciones año tras año, quiera mantener esta Comunidad como campo de experimentación de las multinacionales agroquímicas.
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